En 2010, un terremoto de magnitud 8,8 sacudió Chile. Murieron alrededor de 525 personas. Ese mismo año, un sismo de magnitud 7,0, varias veces menos energía liberada, devastó Haití y dejó cientos de miles de muertos. La diferencia no fue geológica. Fue institucional: un país aplicó su código de construcción sismorresistente con rigor, el otro no pudo hacerlo. La física del suelo no distingue entre democracias y dictaduras. La rendición de cuentas, sí.
El 24 de junio de 2026, dos terremotos consecutivos (7,2 y 7,5 Mw, separados por apenas 39 segundos) golpearon el norte de Venezuela. Tres semanas después, OCHA confirma un saldo de 4.734 fallecidos, con 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda. El propio Ministerio de Ciencia y Tecnología venezolano ha reconocido públicamente que el problema de las normas de construcción es real.
El anclaje: la cifra oficial casi coincide con la europea, y ninguna de las dos con la independiente
Aquí está el dato que más debería inquietar a cualquier gobierno con vocación de transparencia: no existe una sola cifra de edificaciones dañadas. El balance oficial venezolano habla de 885 estructuras afectadas y 189 colapsadas. El servicio satelital europeo Copernicus, en su activación EMSR884, identificó 890 estructuras afectadas, una cifra que prácticamente coincide con la oficial. Pero un análisis técnico independiente estima cerca de 58.870 estructuras dañadas o destruidas a nivel nacional, sesenta veces más que las dos cifras anteriores.
Que el gobierno y el organismo satelital europeo coincidan no cierra la pregunta, la abre: ¿por qué ambos midieron una fracción tan pequeña de lo que el análisis independiente encontró? Una brecha de ese tamaño no es un matiz estadístico. Es, en sí misma, una pregunta de justicia: ¿quién decide qué se cuenta como daño, y para quién trabaja esa decisión?
La respuesta institucional más significativa hasta ahora no vino del gobierno, sino de la sociedad civil técnica. El 13 de julio, un grupo de instituciones académicas y empresariales venezolanas hizo un llamado público a crear una comisión nacional independiente encargada de investigar las causas de los colapsos y emitir recomendaciones vinculantes sobre normativa sismorresistente. Su argumento central merece citarse con precisión: los edificios afectados constituyen evidencia técnica irrepetible, y removerlos o demolerlos sin antes documentar los daños mediante inspecciones de ingeniería patológica sería destruir la única prueba disponible sobre por qué fallaron. El debate se ha concentrado especialmente en la Misión Vivienda, el programa habitacional público lanzado en 2011, cuya calidad constructiva ya enfrentaba denuncias documentadas por organizaciones de transparencia desde hace años.
La propuesta: la evidencia se protege antes de que se pueda actuar sobre ella
El reclamo de esa comisión independiente no es solo válido, es urgente, y no debería depender de que el gobierno lo acepte por voluntad propia. Existe un modelo replicable: en procesos de rendición de cuentas post-desastre en otros países, la creación de comisiones técnicas con participación de organismos multilaterales (PNUD, Banco Mundial) y colegios profesionales locales ha funcionado precisamente porque separa la investigación técnica de la conveniencia política del momento.
Lo primero, antes de cualquier comisión, es una medida simple y verificable: una moratoria documentada sobre la demolición de estructuras colapsadas hasta que un equipo de ingeniería forense certifique que ya se levantó la evidencia necesaria. Sin ese paso, cualquier comisión que se cree después llegará a un país donde la prueba principal ya fue removida junto con los escombros.
Una reconstrucción que empieza sobre una cifra de daños que ni siquiera el propio Estado logra hacer coincidir consigo mismo arrastra esa misma fragilidad hasta el final: cualquier auditoría posterior va a heredar la pregunta que nadie resolvió al principio.
Si tu organización trabaja con fondos de reconstrucción o cooperación internacional y necesita poder demostrar la misma rigurosidad que aquí se le exige al Estado, el Kit de Transparencia y Rendición de Cuentas es un primer paso gratuito. Si tu caso necesita acompañamiento directo, hablemos en Consultoría.
Fuentes:
- Copernicus Emergency Management Service, Unión Europea. (2026). Two earthquakes leave severe damage across northern Venezuela (activación EMSR884).
- Infobae. (15 de julio de 2026). Expertos llaman a evaluar edificios afectados por el terremoto para determinar causas de los colapsos.
- Miyamoto International. (1 de julio de 2026). Actualización sobre el terremoto de Venezuela en junio de 2026.
- Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). (14 de julio de 2026). Earthquakes in Venezuela: Situation Report #21.
- Transparencia Venezuela. Denuncias documentadas sobre la Misión Vivienda desde 2017, citadas por prensa venezolana e internacional.
- U.S. Geological Survey (USGS). Overview of the 2010 Haiti earthquake.
